¡Claro que se puede opinar! ¿Por qué no? ¿Quién o qué nos lo impide? ¿Es que no estamos en un país libre?
Sin embargo, la cuestión se complica cuando aquella opinión, ahora que es tan fácil, la expresamos en público. Nadie tiene pereza de opinar si puede ocultar su identidad. Ahora bien, divulgarla a través de internet, o en un periódico impreso poniendo el propio nombre y apellidos ya tiene algunos menos adeptos.
La tarea se agrava cuando se expone la opinión sobre un asunto de ámbito regional y sobre todo local, en especial si se trata de expresar lo que se piensa de la actuación pública de personas con responsabilidades políticas o institucionales. Surge, de inmediato, el miedo (¿fundado?) a las posibles represalias cuando lo que se ha divulgado tiene un carácter crítico o un simple reproche social individualizado de cualquier índole.
Siendo sensato, salvo que a uno le paguen bien, o lo haga bajo el paraguas de un cargo político, es más seguro no opinar. Se vive mejor, se camina más plácidamente por la calle, se duerme mucho más tranquilo.
Esto explicaría que no existan muchos "opinadores" por el terruño, salvo unos pocos, muy escasos, incluso aunque el informar y el opinar sea parte esencial de su oficio y sueldo. Se comprende así la información plana de los medios locales y regionales, la casi completa ausencia de toda crítica política o institucional.
Parece claro que opinar en público puede provocar importantes riesgos para la salud, aunque el intenso desasosiego que genera la amenaza del poderoso criticado siempre puede tener algún efecto positivo: evita la obesidad que aquella intranquilidad genera. Visto así quizá la crítica pública -no anónima- sea una nueva forma de hacer dieta. Y ya puestos, me asalta la pregunta final: ¿Cuantos estaríamos dispuestos a hacer dieta?
