INFORME JURÍDICO SOBRE LA ZONA AZUL DE MÉRIDA
(TEXTO COMPLETO)
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Elaborado por Ángel Acedo Penco, por encargo de la organización de consumidores y usuarios OCEX-Extremadura, acerca de la viabilidad legal de la implantación por el Ayuntamiento de Mérida de las “zonas azul y verde” o “tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas reguladas”, a efectos de presentar, si se estima conveniente, ante dicho órgano local.
Se han examinado las ordenanzas municipales vigentes en la actualidad aprobadas por el Ayuntamiento de Mérida y las normas estatales siguientes:
1. - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas reguladas publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz nº 64 de 5-4-2013.
2.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública, BOP de Badajoz nº 64 de 5-4-2013.
3.- Ordenanza municipal reguladora del tráfico, estacionamiento, circulación y seguridad vial, publicada en el BOP de Badajoz nº 81 de 27-4-2007.
4.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;
5.- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
6.- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV);
7.- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación que desarrolla la Ley de Tráfico últimamente citada (RGR).
8.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
9.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;
10.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales;
11.- Constitución española de 27 de diciembre de 1978.
El estudio conjunto de unas normas y otras, así como de los criterios doctrinales y jurisprudenciales que se vienen siguiendo en su aplicación permite, a juicio de quien suscribe, elaborar los siguientes razonamientos:
1ª.- El Ayuntamiento carece de potestad legal para cobrar tasa alguna por estacionamiento de vehículos basándose en la Ordenanza.
En la redacción actual del artículo 5 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas reguladas se determinan las “tarifas” que se corresponden, según su artículo 2, con las diferentes tasas por “el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas, situadas en las zonas previamente señalizadas por el Ayuntamiento y que se contienen en relación anexa”.
En dicho artículo 5 se determinan diferentes importes para el estacionamiento en la “zona azul” y en la “zona verde” (ésta más elevada que la anterior), por lo que en el ANEXO I al que se remite, en buena lógica legal, debería determinarse con precisión cuáles son las calles que tributan por la “zona azul” y cuáles las que lo deben hacer por la zona verde”.
Sin embargo no hace así esta Ordenanza, sino que su Anexo I contiene la que llama “relación de calles sujetas a establecimiento limitado”, incluyendo exactamente a 107 vías públicas de Mérida (entre calles, travesías, avenidas, plazas y glorietas), pero sin diferenciar cuáles vías son las sometidas a zona azul y cuáles a zona verde, pese a su diferente importe, lo que supone una radical indeterminación del hecho imponible que imposibilita calcular la cuota tributaria al contribuyente que use ese espacio público con la mínima seguridad jurídica, dejándolo al arbitrio del Ayuntamiento, o de la empresa concesionaria, que pueden, a su albur, variar el importe de la tasa, según les convenga, con el simple hecho material de pintar de un color u otro las líneas de las calles afectadas, con tal de que se encuentren en la relación que no distingue colores, todo sin soporte legal válido, al no identificarse en la Ordenanza aprobada y publicada en el BOP.
Vulnera la repetida Ordenanza los artículos 9.3, 31.1, 103.1 y 133.2 de la Constitución española, 20 y 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 16 y 20.3.u) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2ª.- Ilegalidad de la denuncia por falta de tique de aparcamiento.
En consonancia con lo anterior, al no existir cobertura normativa para la exigencia del cobro de la tasa específica que pretende la Ordenanza de estacionamiento, por indeterminación del hecho imponible, que presenta dos alternativas no precisadas, se impide la fijación de la base imponible, y por ende, de la cuota tributaria, tampoco es posible la imposición por el Ayuntamiento, o al empresa concesionaria, de multa o sanción de ninguna clase, ni económica, ni otra coercitiva como la retirada con la grúa, por carecer de tique en los vehículos estacionados en las zonas azul o verde.
El principio de tipicidad, y de legalidad, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución , en relación con el artículo 178 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según el cual: “En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia” en materia tributaria, no siendo posible, en consecuencia, ninguna sanción por una infracción que no se haya previamente tipificado en una norma eficaz y vigente la momento de la denuncia, no siendo aplicable, además, el principio de la analogía en materia tributaria.
3ª.- Al día de hoy, salvo orden judicial, o impedir el paso, los vehículos estacionados en zona azul/verde no pueden ser retirados por la grúa.
La vigente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública (retirada por la grúa municipal), contiene los tres únicos supuestos tasados, en su artículo 3, en que cualquier clase de vehículos de las vías públicas pueden ser retirados por la grúa municipal, y son, en exclusiva:
“1. Que el vehículo se encuentre mal estacionado e impida o dificulte la circulación rodada o peatonal. 2. Que deba ser recogido en virtud de mandamiento judicial o administrativo. 3. Que por encontrarse en estado de abandono deban ser retirados de la vía pública”.
Como se observa, la falta de abono de la tasa de aparcamiento (además, ilegal por su indeterminación) por uso de la zona azul o verde, no se incluye entre los supuestos del hecho imponible, únicos que habilitan legalmente al Ayuntamiento para la retirada de un vehículo de la vía pública, por lo que no existe habilitación legal para la intervención de la grúa, ni, por supuesto, para el cobro de los 100 euros de la tasa por la retirada de los automóviles según las tarifas que especifica el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública.
Toda actuación de la grúa municipal que retire algún vehículo de las zonas azul o verde, sin amparo normativo, supondrá, en el caso más benigno, una infracción legal que puede catalogarse de “vía de hecho” contra la que pueden ejercitarse las acciones judiciales oportunas, tanto en el ámbito civil, como penal –por autoridades y funcionarios que a sabiendas de la ilegalidad actúen sin la cobertura normativa precisa en contra del ciudadano– y contencioso-administrativo, y la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
La retirada de la vía de un vehículo por falta de tique infringiría el artículo 3 de la propia Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública del Ayuntamiento de Mérida que no contempla esa posibilidad y los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4ª.- Inaplicabilidad del confuso e incompleto régimen de infracciones y sanciones instaurado en la Ordenanza sobre la zona azul.
Con pobre dicción, el párrafo II del artículo 7 de la Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos expresa literalmente:
“Causas de retirada del vehículo (que ni tan siquiera llega a numerar):
* Falseamiento de la tarjeta o tique, sin perjuicio de su remisión al órgano competente si se desprenden indicios racionales del delito penal.
* La carencia del tique para cualquiera de las modalidades de plazas.
* Exceso de tiempo sobre el autorizado o pagado.
* Utilización indebida del tique para cualquiera de las modalidades.
* Utilización de la tarjeta de residente para vehículo distinto del autorizado.
* Utilización de la tarjeta de residente en sector distinto del habilitado.
* El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en las áreas de estacionamiento regulado fuera de las zonas habilitadas para las mismas.
* Las indicadas específicamente en otros apartados de la presente Ordenanza.
Todas estas infracciones (sic) darán lugar a la retirada de los vehículos por la grúa municipal por parte de la Policía Local o el personal autorizado por el Ayuntamiento para su conducción al depósito de vehículos; para la custodia y posterior recuperación del vehículo por su legítimo dueño será de aplicación la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por retirada de vehículos”.
Es decir, que esta Ordenanza del Ayuntamiento de Mérida “castiga” con la “retirada del vehículo” estas conductas que califica de “infracciones”.
Sin embargo, carece el municipio de potestad legal, ni administrativa, para imponer sanciones que no son de su competencia y que ni tan siquiera tienen tal carácter puesto que la medida de la “retirada del vehículo” no existe entre las sanciones que se ofrecen al Ayuntamiento que, en materia de tráfico, no son otras que las que se disponen en las normas de Tráfico y Seguridad Vial, entre las que no se encuentra la “retirada del vehículo”, desde luego, que se trata de una “medida” no una sanción, algo radicalmente diferente.
De un lado, no puede actuar la grúa municipal, ni ninguna otra, por ninguna de tales “causas”, pues no se contienen en la específica Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública y por otra, tampoco puede castigar una sanción, como es la retirada del vehículo, para la que carece de habilitación legal.
Es imprescindible la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública y de la Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos para intentar incluir alguno de aquellos supuestos en la posibilidad de actuación de la grúa, pero en ningún caso como sanción específica, sino como medida accesoria, de dudosa constitucionalidad, de una sanción pecuniaria.
5ª.- La inmovilización del vehículo no es una sanción, sino una medida aplicable solo si lo prevé la Ordenanza sobre retirada de vehículos.
Es cierto que la legalidad estatal vigente permite la inmovilización o retirada de un vehículo de la zona azul cuando carezca del tique de pago de la tasa (cuando sea legal) o rebase el triple del tiempo que aparezca en dicho tique, tal como indica el artículo 81.1.g) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sin embargo (LTSV), a tenor del artículo 38.4 es obligado que se contemple en la Ordenanza (en este caso, la de retirada del vehículo que es la específica Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública, no en la general, la Ordenanza de estacionamiento regulado):
La propia dicción de la ordenanza de estacionamiento que califica de INFRACCIÓN los hechos que indica en su artículo 8.5 se desprende el carácter de SANCIÓN de la retirada del vehículo (lo que no permite la LTSV ), sin que se contemple en la misma ninguna sanción de cuantía económica por la realización u omisión de los hechos descritos en dicho precepto municipal.
6ª.- Absoluta ilegalidad de toda retirada con la grúa por el mero “exceso de tiempo sobre el autorizado o pagado” por el conductor.
Entre las “causas de retirada del vehículo” que contiene el artículo 8.5 de la Ordenanza de estacionamiento aparece, en su tercera línea (sin numerar), la de “exceso de tiempo sobre el autorizado o pagado”.
Sin embargo, el art. 81.1 g ) LTSV permite la retirada de un vehículo de la vía pública en estos casos siempre que lo contemple la Ordenanza municipal:
“Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal ”.
Naturalmente, como se ve, el propio texto de la Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos es ilegal por abiertamente contrario al precepto citado de la LTSV por tanto es nulo de pleno derecho, al permitir al Ayuntamiento de Mérida, o a la empresa concesionaria, retirar el vehículo sin necesidad de que transcurra tres veces el tiempo pagado.
7ª.- Posible ilegalidad de sanción económica por estacionamiento en las zonas azul o verde al no preverse expresamente en la Ordenanza.
No prevé expresamente la Ordenanza sobre estacionamiento regulado de Mérida ninguna sanción económica por el hecho de carecer de tique, o rebasar el tiempo abonado, sino, como se ha dicho, la medida de retirada del vehículo (que no es una sanción, desde el punto de vista legal).
A faltar en la Ordenanza específica reguladora del aparcamiento en las zonas indicadas, mal puede imponerse ninguna sanción económica al efecto, que por cierto es la única que puede preverse a tenor del artículo 67 LTSV (no teniendo tal carácter jurídico el “castigo” de 100 euros, o más, para recuperar el vehículo retirado por la grúa municipal, por “mal estacionamiento”, cuyo importe se refiere a la tasa por el “servicio de retirada del vehículo”).
8ª.- Dudosa legalidad de toda denuncia por estacionamiento en zonas azul/verde al no preverla la Ordenanza , sino tan solo su cancelación.
A) Resulta curioso que la propia Ordenanza de la Zona Azulla Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos en el que se detalla el funcionamiento del sistema, no se alude al término “denuncia” o similar, ¿cómo es posible que directamente en el precepto indicado establezca el precio de cancelar las “denuncias” en zona azul y verde?
Mal se puede cancelar una denuncia sobre unos hechos de los que no se ha establecido en el mismo texto reglamentario cuáles son los supuestos (tipos legales o normativos) en que son “denunciables”, puesto que, ha de insistirse, no contempla la Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos, ni infracciones expresas susceptibles de denuncia, ni consecuencias jurídicas económicas (las únicas legalmente posible) sobre las supuestas infracciones.
¿Cómo se va a poder “cancelar las denuncias en zona azul o verde” pagando 4 u 8 euros si antes no se ha determinado qué importe es el de la multa –que supuestamente se pretende cancelar– por no tener pagada la tasa o haberse excedido en el tiempo el estacionamiento abonado?
¿Qué denuncia se puede “cancelar” (si no se habla de ninguna)? ¿La denuncia por exceso de peso del vehículo? ¿Por carecer de seguro obligatorio? ¿Por no pasar la Inspección Técnicala Ordenanza no dice en lugar alguno que la que se puede cancelar sea por carecer de tique en zona azul o rebasar el tiempo. Y no se puede deducir, ni aplicar la analogía, porque en Derecho tributario y aún más en el Derecho sancionador, está legal y constitucionalmente prohibida la analogía in mala partem, es decir, la que perjudica al administrado.
La deficiente redacción de la Ordenanza de estacionamiento de vehículos impide, cabalmente, cualquier aplicación lógica y razonable de la “cancelación de denuncias” puesto que no hay posibilidad de ninguna denuncia mientras no se haya determinado con carácter previo la infracción y especialmente el importe de la sanción.
El tenor de la norma ha de referirse a la posible “cancelación de la multa” y solo de cuantía económica (no por retirada del vehículo) para lo cual debe contener en esta Ordenanza específica, y no en otra, la previsión de una multa concreta por cualquiera de los supuestos por los que pretenda sancionar. Sin previsión en la Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos, no cabe sanción, ni multa, ni cancelación de lo que no existe.
Nuevamente vulnera la Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos los principios de tipicidad, y de legalidad, de los artículos 9.3 de la Constitución y 178 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
B) Abundando en lo anterior, la alusión referida a la “cancelación de la denuncia” sitúa al usuario en una situación de auténtica indefensión puesto que desconoce, al no contemplarse en la Ordenanza específica de la tasa por el estacionamiento de vehículos, cuáles son los hechos por los que puede ser denunciado, e incluso, si se tomase como válida la deficiente e impropia relación del artículo 7.II Ordenanza de la tasa por el estacionamiento de vehículos sobre cuándo pueden ser retirados los vehículos por la grúa de la zona azul o verde, tampoco se conoce cuál es la sanción o multa que, como se ha indicado, solo puede ser económica (nunca la retirada de un vehículo, que jamás puede ser sanción), puesto que habría que escudriñar en todas las situaciones posibles que se contemplan, como posibles sanciones, en la
No desconocemos que en el Anexo I de tal Ordenanza se sanciona con multa de 90 euros, los hechos recogidos en el artículo 94.2b) del Reglamento General de la Circulación , en particular:
“Estacionar en los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza” y el de “Estacionar en los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza Municipal ”.
Sin embargo, ese Anexo I con la “relación codificada de infracciones a la ordenanza municipal reguladora del tráfico, estacionamiento, circulación y seguridad vial” es una mera copia del Reglamento General de la Circulación y de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial porque todas sus referencias al articulado se refieren a estas dos normas, pero nunca hace referencia a la Ordenanza a la que en teoría se refiere, puesto que en ella no se alude ni tan siquiera a la zona azul o “estacionamiento con limitación horaria”. Por otra parte, nunca un mero Anexo, copia de otras normas generales estatales, puede instaurar como infracción unas conductas que no se contemplan en su texto principal.
Es más, si el Anexo I según su propio título, es una “relación codificada de infracciones a la Ordenanza Municipal ”, dicha codificación no puede, de manera válida, incluir unas infracciones (como las dos referidas a la zona azul) que no se tipifican, ni se incluyen el propio texto normativo de la Ordenanza de Tráfico (sino en el Reglamento General de la Circulación ).
Se vulneran, nuevamente, los principios de tipicidad, y de legalidad, de los artículos 9.3 de la Constitución , 178 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la propia Ordenanza de Tráfico municipal de 2007.
9ª.- El procedimiento sancionador que se está aplicando no es el legalmente previsto en la Ordenanza de Tráfico, ni en otra norma.
A) Se está sancionando a los usuarios que carezcan de autorización, o de tique del pago de la tasa, o hayan rebasado el tiempo de estacionamiento abonado, mediante una “denuncia” formulada por los “controladores” de la empresa concesionaria que, al parecer, fotografían el vehículo y luego se envía la imagen por medios electrónicos de transmisión de datos a la Policía Local de Mérida para la incoación del oportuno expediente (según se ha publicado en prensa), ha de tenerse en cuenta que dicho proceder no se incluye en la Ley , ni en ninguno de los 16 apartados del artículo 41 de la Ordenanza municipal reguladora del tráfico, estacionamiento, circulación y seguridad vial de 27-4-2007, como tampoco en los artículos 42 y 43 que completan el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial del Ayuntamiento de Mérida.
Téngase en cuenta que, en particular el artículo 41.1 de la Ordenanza municipal reguladora del tráfico dispone que “No se impondrá sanción alguna por las infracciones en la materia objeto de esta Ordenanza sino en virtud del procedimiento instruido al efecto”. Sin embargo, como se han indicado, tal proceder no figura en norma alguna:
Pero además, ha de tenerse en cuenta el artículo 41.13 de la Ordenanza municipal de tráfico, estacionamiento, circulación y seguridad vial que indica:
“Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico tendrán valor probatorio respecto a los hechos denunciados, sin perjuicio del haber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados”.
Lo anterior supone que, si la denuncia la formulan los “controladores” de la “zona azul” tienen la misma validez probatoria que la realizada por uno particular, lo que supone que, pese a que deberán cumplir los requisitos de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 41 de la Ordenanza municipal reguladora del tráfico, estacionamiento, circulación y seguridad vial, la mera negativa u la simple oposición del supuesto infractor tiene idéntica validez que el del particular denunciante, ya que no goza legalmente de mayor fuerza probatoria.
B) Las actuales “denuncias” que se están imponiendo, cuya copia dejan los empleados de la empresa concesionaria o “controladores”, en el parabrisas delantero de los vehículos denunciados, incumplen los requisitos que exige la Ordenanza municipal reguladora del tráfico, y también la LTSV , pues en ella deben figurar los siguientes datos, según el art. 41.4 de la Ordenanza :
“Las denuncias por hechos de circulación deberá constar: la identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. Cuando éste sea un agente de la autoridad podrán sustituirse estos datos por su número de identificación”.
No cabe, como se viene haciendo hasta el momento, que tratándose de un empleado o “controlador” de la concesionaria, se pueda sustituir el nombre del denunciante particular por el “número propio” del agente, y no aparezcan los datos que indica la Ordenanza , y la LTSV , por lo que, faltando el nombre, profesión y domicilio del denunciante, tal denuncia será nula de pleno derecho.
Por todo ello, a juicio de quien elabora el presente informe jurídico, y salvo criterio mejor fundando que, en última instancia, habrán de solventar los Tribunales de Justicia de la jurisdicción contencioso-administrativa, y en su caso, de los órdenes penal y civil, se formulan las siguientes
CONCLUSIONES:
I) El Ayuntamiento de Mérida, y mucho menos la empresa adjudicataria del aparcamiento, con las Ordenanzas Municipales aprobadas y vigentes en la actualidad, carece de potestad legal, ni competencia alguna para:
a) Realizar denuncias válidas en materia de tráfico y estacionamiento, ni imponer multa alguna a los usuarios de las vías públicas que lleven aparejada sanción económica alguna en base a que vehículos de toda índole carezcan de tique o autorización, al no haber pagado la tasa, o haber rebasado el tiempo abonado, en las denominadas zonas azul y verde de la ciudad.
b) Realizar denuncias válidas en materia de tráfico y estacionamiento, ni imponer multa alguna a los usuarios de las vías públicas que lleven aparejada la sanción inmovilización, ni retirada de ningún vehículo que carezca de tique o autorización, al no haber pagado la tasa, o haber rebasado el tiempo abonado, en las denominadas zonas azul y verde de la ciudad.
II) El Ayuntamiento de Mérida, debería suspender la vigencia del cobro de la tasa, y abstenerse de emitir denuncias, así como de tramitar multas o de proceder a la retirada e inmovilización de vehículos en tales casos mientras no regularice la anómala situación legal de la implantación de la zona azul, ya que, de no hacerlo, podría incurrirse en responsabilidades graves de diversa índole.
III) El Ayuntamiento de Mérida, si desea mantener la tasa de cobro por aparcamiento en las zonas reguladas, debería derogar, modificar y/o ajustar a Derecho, al menos, las siguientes normas municipales:
a) La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas reguladas publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz nº 64 de 5-4-2013 que debe derogarse por completo al ser deficiente, contradictoria e imposible de aplicar sin transgredir las leyes, debiendo iniciarse el procedimiento desde el principio.
b) La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública, también publicada en BOP nº 64 de 5-4-2013, para incluir la retirada de vehículos en los casos pretendidos.
c) La Ordenanza municipal reguladora del tráfico, estacionamiento, circulación y seguridad vial de 27-4-2007, debiendo añadirse un apartado más a sus artículos 30 y 34 para incluir los supuestos de estacionamiento regulado con limitación horaria, si pretende imponer la sanción económica alguna a los usuarios.
Es cuanto, según mis criterios técnico-jurídicos, tengo el honor de informar,
En Mérida, a 24 de junio de 2013
Ángel Acedo Penco
Doctor en Derecho
Profesor de Universidad
