¿Se puede opinar?, por Ángel Acedo

La inoportunidad del ERE ilegal del Ayuntamiento

La noticia política más comentada en Mérida durante estos últimos meses es el anuncio del expediente de regulación de empleo (ere) que el gobierno local del PP divulgó que aplicaría sobre 83 empleados municipales, en las reiteradas, y no pocas veces contradictorias, ruedas de prensa. Lo que más sorprende a un jurista es que la opción elegida por el Consistorio, la reducción de la jornada y salario o la suspensión temporal, hoy están expresamente prohibidas por el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (ET), sobre «suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizati-vas o de producción o derivadas de fuerza mayor» para los ere de las Administraciones públicas, siendo clara la disposición adicional 21ª del ET cuando afirma que la citada reducción de jornada laboral y salario: «no será de aplicación a las Administraciones Públicas». Es decir, el Ayuntamiento solo puede, mediante un ere, extinguir por completo una relación laboral pero no reducir jornada o salario. Podrá despedir a sus trabajadores no funcionarios, eso nadie lo duda. Y entonces, muchos se preguntan: ¿acaso desconoce el Estatuto de los Trabajadores quien decidiera esta fórmula ilegal e inoportuna? Como era de esperar, ahora se anuncia el fracaso y retirada del ere, sin duda lo más sensato, pues hubiera acabado con una inevitable anulación judicial. Se insiste en que los empleados afectados están en fraude de ley, algo derivado de una dejadez que no se comprende muy bien, como tampoco es lógico que nadie sea responsable de tales desatinos. Por cierto, se olvida que ya hubo otros 250 empleados municipales estaban en esa misma situación hace más de una década, según un informe jurídico de la Delegación del Gobierno, entonces del PSOE, y que llegó el PP al poder en 1995 y regularizó aquella situación heredada sin despedir a un solo trabajador, y se decía que no había dinero. Ahora parece que las intenciones son otras y que por la crisis económica van a despedir a los que puedan y como sea. Un piensa que antes de anunciar unas medidas tan escandalosas (ningún ayuntamiento extremeño anunció ere alguno) debería pensarse que detrás de cada trabajador afectado hay un drama personal y familiar, un continuo desasosiego, una dura incertidumbre, máxime dadas las escasas posibilidades de encontrar trabajo en estos tiempos. Ello aconseja cierta mesura a la hora de adoptar y sobre todo anunciar decisiones descalabradas, para luego dejarlas sin efecto debido a la torpeza política local. También permite cuestionarse si ahora es el momento más oportuno para corregir la situación tan dilatada en el tiempo. Hay que recolocar a los afectados de servicios excedentes a otros deficitarios, sin acudir a la nueva contratación a la par que se despiden a todos o algunos de los que están en la «lista negra». Pero sobre todo, ¿de verdad era tan significativo el ahorro en gasto de personal con la aplicación del malogrado ere? ¿Solucionaría sensiblemente la penuria de las arcas municipales? ¿Cuál será el ahorro? ¿Se despedirá a unos para contratar a otros? No es fácil tratar peor una cuestión pública tan delicada y sensible para muchos. Parece absurdo dilatar tanto en el tiempo lo que debió hacerse en semanas y sin tanta propaganda estéril, salvo para quienes desean salir en la prensa a diario como sea aunque perjudique a las siglas de su propia formación política. No es fácil alentar un desgaste electoral tan inútil y estéril, ni lograr mayor desatino. Sin embargo, sabido es que todo lo malo puede superarse, y lo prueba la reciente decisión del gobierno municipal de castigar, suspendiendo de empleo y sueldo, a un representante sindical que fue negociador del ere: al margen de cualquier posible justificación, si es que la tiene, esta decisión, otra más, no puede ser más inoportuna políticamente.